En febrero de 2020, la Comisión Europea impuso una multa de 6,7 millones de euros a la cadena hotelera Meliá por celebrar acuerdos con operadores turísticos que discriminaban a los clientes en función de su lugar de residencia, afectando a consumidores en toda la Unión Europea. Meliá cooperó con la Comisión Europea a cambio de una reducción en la multa y no recurrió esta decisión.
La Asociación Ius Omnibus (Ius) solicitó a Meliá el acceso a documentos no públicos, necesarios para confirmar que los consumidores portugueses se habían visto afectados por estos acuerdos anticompetitivos y para cuantificar los daños resultantes. Meliá se negó a proporcionar ninguna información.
En julio de 2021, Ius presentó una demanda ante el Tribunal de la Competencia, Regulación y Supervisión (TCRS) solicitando una orden que requiriera a Meliá a conceder acceso a estos documentos como paso previo a una posible acción de compensación para los consumidores portugueses que se alojaron en hoteles Meliá.
En marzo de 2023, el TCRS ordenó a Meliá que entregara casi todos los documentos solicitados por Ius. En octubre de 2023, el Tribunal de Apelación de Lisboa (TRL) desestimó el recurso de Meliá y confirmó la resolución del TCRS en su totalidad. El TRL había desestimado previamente otro recurso de Melia por motivos de competencia de los tribunales portugueses.
El Tribunal Supremo de Justicia (STJ) aceptó un recurso excepcional de Meliá y remitió cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en marzo de 2024. El STJ preguntó, en resumen:
si la Directiva 2014/104/UE (sobre acciones por daños y perjuicios por prácticas anticompetitivas) se aplica a acciones de acceso a documentos antes de que se interponga la acción por daños;
si la prueba de probabilidad impuesta por esta Directiva requiere que el solicitante del acceso demuestre que es más probable que improbable que la infracción haya causado daños ("más probable que improbable"); y
si se puede concluir que existe un daño únicamente sobre la base de una decisión de la Comisión Europea, concluida mediante un acuerdo, que identifica una práctica vertical que restringe la competencia por objeto.
El 12 de junio de 2025, el Abogado General Szpunar emitió su Opinión, en la que argumentaba que el TJUE debería aclarar que:
La interpretación de la Directiva puede ser relevante para la interpretación del derecho nacional en este sentido. La divulgación previa a la presentación es importante y los Estados miembros pueden preverla.
La prueba de probabilidad de la Directiva no exige demostrar que el daño es más probable que improbable. Los Estados miembros no pueden ser más exigentes. Basta con demostrar que es razonablemente aceptable (o que existe un equilibrio de probabilidades). De lo contrario, se pondría en peligro la efectividad del derecho a la indemnización por daños y perjuicios. La evaluación de la probabilidad debe simplificarse, considerando la asimetría informativa y solo requerir que el demandante indique hechos y pruebas a los que puede acceder sin costes o dificultades excesivos
La constatación de la probabilidad del daño no puede basarse exclusivamente en la existencia de una Decisión CE (si no se trata de un cártel u otra práctica a la que el legislador nacional haya aplicado una presunción de daño), sino que el tribunal nacional debe considerar en su evaluación el hecho de que la identificación de una restricción por objeto implica la constatación de posibles efectos en el mercado.
Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes para el Tribunal de Justicia, pero sirven como una indicación de la posición que puede adoptarse.
Esta Opinión confirma en gran medida la posición de Ius y debería conducir a que Ius consiga finalmente obtener la divulgación de pruebas por parte de Meliá, lo que le permitiría confirmar que los consumidores portugueses fueron perjudicados por las prácticas ilegales de Meliá.
Más importante aún, apunta al establecimiento de precedentes importantes que harán que el acceso a pruebas en acciones por daños en derecho de la competencia sea una realidad efectiva, haciendo que la justicia sea más accesible para todas las personas perjudicadas, incluidos los consumidores.