Ius Omnibus estima que la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de agosto confirmando la anulación de 225 millones de euros en multas por el "Cártel Bancario" es el primer paso para una victoria más rápida para los consumidores, y no una absolución para los bancos. La sentencia del tribunal, que se basa en la prescripción, significa que ya no hay motivos para suspender las acciones de daños presentadas por Ius. Los consumidores portugueses pueden ahora esperar una indemnización más rápida que si las apelaciones contra la Decisión AdC se hubieran prolongado durante años.
El cártel, un plan deliberado entre 14 bancos para intercambiar información sensible y no pública sobre precios y otras condiciones comerciales de hipotecas, créditos al consumo y créditos para PYMES, entre 2002 y 2013, socavó sistemáticamente la competencia y causó perjuicios económicos a los consumidores a través de precios inflados para préstamos hipotecarios, créditos al consumo y préstamos a pequeñas y medianas empresas.
La decisión del Tribunal Constitucional no afecta a la conclusión de la Autoridad de Competencia y del Tribunal de Competencia de que la infracción existió. Esta infracción puede ahora volver a demostrarse ante el mismo tribunal a través de las acciones civiles.