Ius Omnibus acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea relativa a la Ley de Equidad Digital como un paso importante hacia una mayor protección de los consumidores.
Sin embargo, la propuesta puede y debe ir más allá a la hora de hacer frente a la manipulación digital, mejorar el acceso a las pruebas y garantizar una aplicación efectiva de la ley.
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Ius Omnibus valora positivamente la propuesta de Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act, DFA) presentada por la Comisión Europea, un paso importante para adaptar la legislación europea de protección de los consumidores a las realidades de la economía digital.
Durante años, las empresas digitales han aprovechado las asimetrías de información, las vulnerabilidades de los consumidores y la falta de transparencia de sus tecnologías para influir en sus decisiones. Prácticas como el uso de interfaces manipuladoras, el diseño adictivo y la personalización desleal se han convertido en elementos habituales de los servicios digitales. La propuesta de la Comisión reconoce que la legislación europea de protección de los consumidores debe evolucionar para hacer frente a estos retos.
Ius Omnibus valora especialmente la propuesta de prohibir el uso de interfaces manipuladoras (dark patterns), incluida una lista de prácticas consideradas desleales en cualquier circunstancia. La propuesta también introduce importantes medidas de protección frente a la publicidad engañosa de los influencers, las trampas en las suscripciones, las prácticas abusivas de monetización de videojuegos y determinadas formas de publicidad personalizada y fijación de precios. Asimismo, considera positivo que se contemplen medidas destinadas a facilitar el acceso a pruebas técnicas. Para los consumidores, estos avances podrían traducirse en una menor exposición a mensajes engañosos, mayor transparencia en los precios y la publicidad, una mejor protección de los menores en los videojuegos en línea y procedimientos más sencillos para cancelar suscripciones o evitar renovaciones no deseadas.
La sustitución de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales por un Reglamento directamente aplicable, junto con la reforma propuesta del marco de cooperación en materia de protección de los consumidores, representa otro paso importante hacia una protección más uniforme en toda la Unión Europea. Ambas iniciativas contribuirían a reducir las diferencias entre las legislaciones nacionales y a reforzar la actuación coordinada frente a las infracciones transfronterizas.
Sin embargo, reconocer los problemas es solo el primer paso. La Ley de Equidad Digital debe ir más allá y abordar las prácticas empresariales que los generan y perpetúan. Para ello, resulta fundamental establecer mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de la normativa, tanto a través de la actuación de las autoridades públicas como mediante acciones judiciales ejercitadas por los consumidores y las organizaciones que defienden sus derechos.
Ius Omnibus considera especialmente preocupante la inseguridad jurídica que la propuesta podría generar en relación con la tutela colectiva de los consumidores en la UE. Aunque la Directiva relativa a las acciones de representación (RAD) sigue siendo aplicable, la propuesta no aclara suficientemente cómo se articula su régimen de aplicación con dicha Directiva ni con los mecanismos de tutela colectiva de los consumidores en general. El texto definitivo debería eliminar cualquier incertidumbre y garantizar expresamente que las entidades habilitadas puedan ejercitar acciones de representación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores. Asimismo, debería preservar la facultad de los Estados miembros de mantener o introducir mecanismos de tutela colectiva más amplios, tal como permite la RAD.
Otro motivo de preocupación es la regulación del diseño adictivo. Aunque la propuesta reconoce que determinadas funcionalidades están diseñadas para fomentar un uso compulsivo o excesivo, el artículo 17 se limita, en gran medida, a exigir a las empresas que permitan a los consumidores desactivarlas. ¿Por qué debería recaer principalmente en los consumidores la responsabilidad de evitar funcionalidades potencialmente perjudiciales, en lugar de en las empresas que las diseñan y se benefician de ellas? Ius Omnibus considera que las opciones de diseño más seguras deberían estar activadas por defecto, acompañadas de obligaciones más estrictas para prevenir las prácticas abusivas desde el principio.
Otro reto fundamental es la creciente personalización de la manipulación comercial. Tradicionalmente, la legislación europea de protección de los consumidores ha evaluado las prácticas desleales desde la perspectiva del consumidor medio o del miembro medio de un grupo vulnerable. Sin embargo, las empresas digitales disponen de herramientas cada vez más sofisticadas para identificar y explotar cada vez más las vulnerabilidades particulares de cada consumidor mediante la elaboración de perfiles algorítmicos. Aunque las Orientaciones de 2021 de la Comisión Europea sobre la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales reconocen que las prácticas altamente personalizadas pueden requerir evaluaciones individualizadas, la propuesta no recoge expresamente este enfoque y adopta una formulación más restrictiva de las circunstancias que dan lugar a una protección reforzada.
Las restricciones a la publicidad personalizada también resultan insuficientes. Aunque la prohibición de la publicidad basada en categorías especiales de datos personales supone un avance, las empresas pueden explotar otras vulnerabilidades de los consumidores, como las dificultades económicas o la tendencia al gasto compulsivo, que no están necesariamente comprendidas en dichas categorías. La protección de los consumidores no debería depender de que sus vulnerabilidades estén comprendidas en las categorías especiales de datos personales previstas en el RGPD. El Reglamento debería abordar estas prácticas de explotación sin fomentar una elaboración de perfiles aún más intrusiva.
Ius Omnibus considera asimismo que la propuesta debería ser más ambiciosa en materia de acceso a las pruebas. Aunque el artículo 34 introduce mejoras importantes, los consumidores y las organizaciones que los representan pueden seguir encontrando dificultades para demostrar la probabilidad de una infracción cuando la información y pruebas necesarias están exclusivamente bajo el control de las empresas en cuestión. El Reglamento debería tener en cuenta estas asimetrías de información y establecer mecanismos adecuados para garantizar la conservación y el acceso a las pruebas técnicas, especialmente en un entorno en el que los algoritmos y las interfaces digitales cambian constantemente.
La Ley de Equidad Digital representa una importante oportunidad para avanzar hacia una economía digital europea en la que las empresas compitan mediante la innovación, la calidad y la confianza de los consumidores, en lugar de obtener ventajas aprovechándose de sus vulnerabilidades.
Ius Omnibus celebra la iniciativa de la Comisión y espera contribuir de forma constructiva al proceso legislativo. El Parlamento Europeo y los Estados miembros tienen ahora la oportunidad de desarrollar esta propuesta, reforzar sus garantías y asegurar que el Reglamento definitivo aborde no solo las consecuencias de la manipulación digital, sino que también actúe sobre las prácticas comerciales que la hacen posible.