En abril de 2023, Ius presentó una demanda colectiva ante el Tribunal de Distrito de Lisboa para proteger a los usuarios de la plataforma TikTok que tengan al menos 13 años y vivan en Portugal frente a las prácticas ilegales de TikTok y restablecer la legalidad.
Desde al menos agosto de 2018, TikTok ha estado llevando a cabo prácticas comerciales engañosas, procesando datos personales sin obtener el consentimiento de los usuarios, adoptando condiciones de servicio irrazonables y no aclarando adecuadamente cómo recopila, procesa y comparte datos, incluso enviándolos fuera de la Unión Europea.
En Estados Unidos y en la Unión Europea, la preocupación que suscita la recopilación y el uso de datos por parte de TikTok a las autoridades públicas está conduciendo a la prohibición sobre los funcionarios de utilizar esta red social en dispositivos profesionales. Los temores no se limitan a la invasión de la vida privada de las personas y la explotación comercial de sus datos e imágenes, sino que se extienden a su integridad física y a cuestiones de defensa y seguridad internacional.
TikTok vulnera así derechos fundamentales garantizados por la Constitución de la República de Portugal, los derechos de la personalidad, la Ley portuguesa de Prácticas Comerciales Desleales, la Carta Portuguesa de Derechos Humanos en la Era Digital y el Reglamento General de Protección de Datos de la UE.
Si tiene éxito, la acción llevará a TikTok a poner fin a sus prácticas ilegales y a indemnizar a los consumidores perjudicados.
Ius Omnibus está representado en esta acción por el bufete de abogados Sousa Ferro & Associados y Pais de Vasconcelos & Associados.
La acción colectiva (en Portugal, denominada «acción popular») ejercitada por Ius Omnibus persigue la protección de las relaciones de consumo, la protección de la intimidad y los datos personales, y la defensa de los intereses individuales homogéneos de los consumidores.
Se trata de una acción de defensa de los derechos de los consumidores, ejercitada al amparo de los artículos 52.3, y 60.3 de la Constitución de la República Portuguesa; de la Ley portuguesa de Acción Popular (Ley 83/95); y de los artículos 31 y 546.2 del Código de Procedimiento portugués. Además, el tribunal declaró que la sociedad había infringido los artículos 26.1, 35.1 y 4, y 60.1 de la Constitución de la República Portuguesa; los artículos 70.1, y 80.1 del Código Civil; los artículos 5, 6 a), 7.1.a) y b) y el artículo 9 del Código Civil portugués; los artículos 8.2, 9.1, 12.1, 14.1, letras a), b) y c), 17.2, y 20.1 y 2 de la Carta Portuguesa de Derechos Humanos en la Era Digital; los artículos 5.1.a), b), c), e) y f), 6.1, letras a), b), c), e) y f) del Código Civil portugués; el artículo 80.1, del Código Civil portugués; y los artículos 6.1.a), 7.1 y 2. a), 9.1, 2.a), 12.1, 13.1.a), c), d), e) y f), 2.a) y f), 22.1, 2.c), 24, 25.1 y 2, 44 y 49.1.a) del Reglamento General de Protección de Datos de la UE.
La acción versa sobre la adopción de prácticas comerciales engañosas, la vulneración de la intimidad y el tratamiento indebido de los datos personales de los usuarios de la plataforma TikTok residentes en Portugal. Para ser exactos, TikTok recoge, trata y transmite datos personales sin obtener el consentimiento de los usuarios; adopta términos de servicio y políticas de privacidad y cookies que no son fácilmente comprensibles por los usuarios; no aclara en detalle y de forma comprensible todas las categorías de datos de los usuarios que se procesan, cómo se recogen, cómo se procesan y cómo se comparten, en particular con respecto a los datos transferidos y almacenados en países fuera del Espacio Económico Europeo.
Son representados en esta demanda colectiva todos los consumidores residentes en Portugal que, después del 3 de agosto de 2018, tenían 13 años o más en su primer uso de la Plataforma TikTok o más tarde. Solo estarán representados en esta acción por el período durante el cual fueron usuarios mayores de 13 años de TikTok.
Los consumidores no tienen que hacer nada para ser representados y tener derecho a una indemnización si la acción prospera (sólo tienen que solicitar su indemnización en el momento oportuno).
Cualquier consumidor que no desee ser representado en esta acción puede ejercer el derecho de exclusión voluntaria, a través de sus representantes legales si el consumidor es menor de edad, notificando al tribunal esta intención. Los consumidores también pueden decidir intervenir en el procedimiento, a través de sus representantes legales en caso de que el consumidor sea menor de edad, en apoyo del Ius Omnibus, dentro del plazo fijado por el tribunal.
Ius solicita al Tribunal que:
a) Declare la infracción, desde el 3 de agosto de 2018 y aún en curso, de los intereses identificados, causando un daño directo a los usuarios mayores de 13 años cuando utilizaron por primera vez la Plataforma TikTok o en una fecha posterior;
b) Ordene a TikTok el cese de la conducta ilícita en cuestión;
c) Condene a TikTok a indemnizar a todos los consumidores representados.
El mecanismo de indemnización masiva de los consumidores aquí utilizado, previsto en las normas portuguesas sobre acción colectiva, aún no se ha puesto en práctica por completo. Sin embargo, según la ley, si el Tribunal falla a favor de Ius Omnibus ocurrirá lo siguiente:
1) El Tribunal fijará el importe global de la indemnización que deberá pagar TikTok a los consumidores, que se depositará en un fondo de compensación;
2) El Tribunal designará una entidad responsable de la gestión del fondo de compensación, incluyendo la recepción, gestión y pago de la compensación a los consumidores;
3) El Tribunal fijará un plazo para que los consumidores reclamen su parte de la indemnización y esta información se hará pública de diversas formas;
4) Los consumidores tendrán que ponerse en contacto con la entidad que gestiona el fondo de indemnización, así como enviar las pruebas decididas por el tribunal y las instrucciones de pago, para recibir su parte de la indemnización
5) Al final del plazo legalmente establecido, si sobra una parte de la indemnización global que no haya sido solicitada por los consumidores representados:
(i) Dicha cantidad se destinará al pago de los gastos en que haya incurrido Ius Omnibus como consecuencia de la acción; y
(ii) Lo que reste se entregará al Ministerio de Justicia, para que lo destine a apoyar el acceso al derecho y a la justicia, incluyendo la promoción de acciones colectivas.
Los consumidores no tienen que ponerse en contacto con el Tribunal o Ius Omnibus, pero puede ser de su interés hacerlo.
Todos los consumidores residentes en Portugal que, después del 3 de agosto de 2018, en su primer uso de la Plataforma TikTok o posteriormente, tuvieran 13 años o más, están automáticamente representados en esta demanda colectiva.
Si no desean ser representados, tendrán que ejercer el derecho de exclusión voluntaria, a través de sus representantes legales si el consumidor es menor de edad.
Si desean estar representados, no necesitan hacer nada más por ahora para tener derecho a una indemnización si Ius Omnibus gana este asunto.
En caso de éxito, el consumidor tendrá que ponerse en contacto con la organización designada por el tribunal para reclamar su indemnización al final del proceso, a través de sus representantes legales si el consumidor es menor de edad.
No obstante, si desean intervenir en la acción en apoyo de Ius Omnibus, los consumidores pueden hacerlo, dentro del plazo fijado por el Tribunal, a través de sus representantes legales en un supuesto de minoría de edad.
Se invita a todos los consumidores representados en esta acción a que se pongan ya en contacto con Ius Omnibus, a través de sus representantes legales en caso de minoría de edad, para que se registren sus datos y puedan ser informados por Ius de toda la evolución del caso, garantizando que no pierdan la oportunidad de reclamar una indemnización en el momento oportuno.
Preparar un pleito de esta naturaleza de forma que pueda prosperar es extremadamente costoso y requiere la contratación de abogados y consultores especializados. El éxito de la acción depende de que se aborden adecuadamente cuestiones de hecho de gran amplitud y tecnicidad en un área que exige tener conocimientos jurídicos y económicos extremadamente complejos. Además, es necesario disponer de una capacidad de reacción eficaz a la vista de los grandes recursos financieros y humanos que serán movilizados por la otra parte, beneficiada de una profunda asimetría de información.
La falta de recursos financieros en manos de las asociaciones de defensa de los consumidores es uno de los principales factores que explican el desuso en que han caído estos mecanismos jurídicos. No existen a día de hoy fondos públicos disponibles para financiar acciones colectivas de este tipo, y es impensable que un consumidor individual o una asociación de consumidores pueda asumir los costes de varios cientos de miles de euros que inevitablemente implica el emprendimiento de estas acciones.
La única manera de promover una acción de este tipo es obtener financiación para litigios. Esta práctica de financiación de litigios ya es habitual en otros Estados miembros de la UE y ahora se está empezando a utilizar en Portugal. Como declaró el Tribunal de Apelación de la Competencia del Reino Unido (Competition Appeal Tribunal) en el asunto MasterCard, la acción ejercitada en este caso hubiera sido imposible sin financiación y, por lo tanto, denegar la posibilidad de dicha financiación y la remuneración del financiador sería denegar el acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos controvertidos.
La acción que hemos interpuesto está financiada por Augusta, un financiador de litigios con sede en el Reino Unido.
El financiador asume todos los costes del litigio de Ius Omnibus y corre con todos los riesgos. De este modo, sólo podrá recuperar su inversión si la acción prospera y el tribunal lo autoriza, siempre que, tras distribuir la parte correspondiente de la indemnización global entre los consumidores que la hayan solicitado, quede dinero suficiente para ello. En estas condiciones, Ius Omnibus se compromete a devolver al financiador el dinero que haya invertido, más una remuneración justa por el riesgo y el tiempo de indisponibilidad del capital, cuya proporcionalidad será evaluada y controlada por el tribunal. Este sistema de financiación se basa en la realidad de que siempre suele haber un porcentaje de consumidores que no reclaman su parte de la indemnización.
El acuerdo de financiación garantiza la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la transparencia ante el tribunal sobre la procedencia de los fondos.
Este modelo de financiación garantiza que los consumidores no tendrán que soportar ningún coste en el ejercicio de esta acción y que cualquier consumidor que solicite su parte de la indemnización al final del proceso tendrá derecho al 100% de su indemnización.
Junte-se a milhares de consumidores da UE que defendem os seus direitos. A adesão é gratuita e sem compromissos — juntos somos mais fortes na luta pela justiça.